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LA DEMOCRATIZACIÓN DE LA CORRUPCIÓN

Eligio Palacio Roldán

Sobre mi indignación por la corrupción, un familiar me decía: “Eso es lo normal. ¿En qué mundo vive usted? A todo el mundo le dan porcentajes”. Y si, así era.

Desde hace un año quería escribir sobre la elección popular de alcaldes, pero me inhibía el confrontar, en público, las razones que me alejaron de la actividad política, para siempre. No obstante, hay que vencer los miedos y poner un grano de arena en una discusión que Colombia, también,  aplaza cobardemente.

El pasado 13 de marzo se cumplieron los primeros 25 años de la elección popular de alcaldes. La iniciativa había surgido en el gobierno de Belisario Betancur, como corolario de los diálogos de su gobierno con las FARC y pretendía la descentralización administrativa y la disminución de la corrupción. El primer objetivo se cumplió parcialmente y el segundo se fue modificando a pasos acelerados: El flagelo dejó de ser un privilegio de las élites  y llegó,  como modo de subsistencia o de enriquecimiento fácil, a todas las clases sociales.

Antes de la elección popular de alcaldes, estos eran nombrados por el gobernador y eran otra pieza de la burocracia nacional; su nominación dependía de los directorios políticos. Con la elección popular llegaron nuevos jugadores: los empresarios tradicionales que requerían gobiernos que les permitiera exenciones de impuestos y facilidades para generar “la confianza inversionista”; la delincuencia organizada que demandaba libre movilización y generación de ingresos ilícitos; y una nueva clase emergente, “Los contratistas” que generarían riqueza a través de la tercerización de procesos y/o obras públicas.

Entonces, los sueños y los ideales de algunos ilusos se vieron desbordados por la avaricia de otros. Las campañas se fueron encareciendo y el dinero, bien y mal habido, pero con propósitos utilitarios, recorrió la geografía nacional; y los pobladores, comunes y corrientes, vieron la oportunidad de tener dinero sin trabajar. Primero en la Costa Atlántica, y luego en todo el país, se institucionalizó la compra y venta de votos, la manipulación de las campañas y de los candidatos y los cobros por ventanilla a los alcaldes.

Si a este panorama se le suman los pocos requisitos para acceder a una elección popular, el panorama se vuelve desolador: muchas alcaldías han sido asumidas por personas que escasamente saben leer y/o escribir.

Hace algunos años, comentaba una alcaldesa del norte antioqueño, que pretendía ser decente, y creo lo fue, a pesar de sus colaboradores; que a ella el salario no le alcanzaba, dada la cantidad de dinero que tenía que entregar a los habitantes del municipio, para satisfacer sus más mínimas necesidades. Hasta lo amenazan a uno, decía. En otro pueblo de la zona, el alcalde se escapaba por una puerta en un costado de su oficina, para evitar ser acorralado por las gentes solicitando ayudas.

¿Cómo subsiste un alcalde a estas cuantiosas presiones mínimas, dado su nivel salarial? ¿Cómo responde a quienes financiaron su candidatura con dineros lícitos e ilícitos? ¿Por qué la ambición reeleccionista de los mandatarios locales, dados los bajos salarios y la multitud de problemas? ¿A cambio de qué los publicistas, periodistas y artistas financian la publicidad de las campañas?

Buscando en internet, como documentarme para esta columna, no encontré una sola publicación que no se refiriera al incremento de la corrupción, con la elección popular de alcaldes; sin embargo, las cifras sobre investigaciones y condenas son pocas, incluso en las entidades de control.  Pero, ¿para qué hablar de cifras cuando las comunidades conviven y apoyan la corrupción? Me atrevería a decir que la mayoría de denuncias ante los entes de control obedecen a que “la marrana” no alcanzó para todos o a que no fue distribuida, como decía el ex presidente Turbay, “en sus justas proporciones”.

Y entonces, se vuelven lógicas expresiones como CVY (Cómo Voy Yo);  o apodos como LUIS XV, por el 15% que decían cobraba de comisión un popular alcalde, de una de las principales ciudades del país.

No comparto la mayoría de las opiniones del Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez Maldonado; pero tiene toda la razón cuando afirma que “Hay una deslegitimación de nuestro sistema originado por la corrupción” y que “Con las altas cuotas de corrupción, menos hospitales, menos carreteras, menos servicios públicos” “(…) se nos dice cómo los altos costos de las campañas electorales permiten que se compren los alcaldes, y que comprando los alcaldes lo que se está comprando es el presupuesto y la actividad contractual subsiguiente, y que esa cooptación es otro escalón para la cooptación de nuestro sistema jurídico y político”.

ANTES DEL FIN

Sobre mi indignación por la corrupción, un familiar me decía: “Eso es lo normal. ¿En qué mundo vive usted? A todo el mundo le dan porcentajes”. Y si, así es.

Un sábado, en un pequeño pueblo, un dirigente se preocupaba por la corrupción en el Congreso. Le dije: Preocupa mucho la corrupción del estado, pero nos debiera preocupar más la nuestra. Aquí los dirigentes se pelean por un almuerzo gratis, por la invitación a capacitaciones, con paseo incluido, que nunca se revierten en los asociados de las cooperativas y/o las comunidades, por préstamos en mejores condiciones que los demás; entonces ¿por qué no tratamos de combatir nuestra propia corrupción?

Construyendo una vivienda tuve que padecer la impotencia ante la corrupción de los maestros de obra. Eso es así, me dijeron.