UNA CARCEL PARA EL “PUEBLO”

UNA CARCEL PARA EL “PUEBLO”
Eligio Palacio Roldán
Es que el dolor por el desarraigo es, quizás, mayor que el dolor por estar privado de la libertad.
PALACIO DE JUSTICIA 085
El dolor de una despedida
Medellín, sector La Alpujarra, un día, a las 17:00 horas.

La mano recia y varonil del Defensor de los Derechos Humanos, Jesús María Valle Jaramillo, se precipitó con furia sobre el escritorio, algunos lapiceros volaron por el aire, ante el cimbronazo de la madera. “Todos los pueblos tienen iglesias, cementerios, hospitales, escuelas, prostíbulos, zonas de tolerancia. No es posible que, sus habitantes, no tengan derecho a una cárcel en su pueblo, que les permita regenerarse o pagar sus condenas”. Dijo, el humanista, con vehemencia.

Era una tarde del mes de julio de 1997 y, en su oficina del edificio Colón, ubicado en la calle Ayacucho, entre las carreras Bolívar y Carabobo, al frente del Tribunal Administrativo de Antioquia, en Medellín, el inmolado hombre de paz recibía la noticia de que un alcalde, de uno de los municipios del norte de Antioquia, había decidido cerrar la cárcel municipal para disminuir gastos. No era el primero, desde luego, pero las injusticias enervaban el alma de este ser, vilmente asesinado en febrero de 1998, en este mismo lugar, seis meses después de que quedara registrada, en mi memoria, esta historia.

Y la historia viene al presente al leer la columna de Ramiro Bejarano, el pasado domingo, en El Espectador, en donde critica la propuesta de la Ministra de Justicia, Ruth Stella Correa, de que los municipios construyan cárceles y asuman de nuevo su responsabilidad con los seres humanos que, por los avatares de la vida, deben permanecer en una prisión y así disminuir el hacinamiento, en los grandes centros penitenciarios. Aduce, el doctor Bejarano, los mismos argumentos de los alcaldes de hace más de 15 años: el presupuesto; que según él debe estar destinado a otras necesidades urgentes.

Leyendo al doctor Bejarano, recordando al doctor Jesús María Valle Jaramillo y observando el dolor de los cientos de ciudadanos que, de lunes a viernes, se asoman a los sótanos del Edificio de Justicia, en el Sector La Alpujarra de Medellín, para despedir a sus seres queridos, luego de las audiencias, en su camino a la prisión; o las grandes filas, de los sábados en las inmediaciones de la cárcel de San Cristóbal, en Medellín; yo me pregunto, parodiando a los extraditables, temidos delincuentes de la década del ochenta, sino será preferible una tumba en la tierra natal a estar detenido en uno de los grandes centros penitenciarios del país. Tanto para el detenido, como para su familia.

Es que el dolor por el desarraigo es, quizás, mayor que el dolor por estar privado de la libertad. Basta ver el sufrimiento de una despedida, la humildad de los seres que ocupan las cárceles y sus familias, su falta de recursos de todo tipo, su pobreza de cuerpo y de alma, su llanto sin lágrimas a la hora del adiós. Basta ver su procedencia: la mayoría campesina; para entender que es un deber de los alcaldes atender a su población carcelaria; que con el traslado de los reclusos a los grandes centros penitenciarios no estamos haciendo nada por rehabilitar al hombre y que, al contrario, estamos hundiéndolo cada vez más en el fango de la delincuencia y que las familias, de los reclusos, están pagando una condena quizás mayor.

Invito al doctor Bejarano y a los críticos del planteamiento de la Ministra de Justicia, Ruth Stella Correa, a que se acerquen un día a una cárcel, a un juzgado; a que observen a las gentes, las vean, las analicen, hablen con ellas, compartan sus carencias. Así entenderán las bondades de la medida. La apoyarán y, por transitividad, le rendirán un homenaje a ese gran ser humano que se llevaron las balas asesinas: Jesús María Valle Jaramillo.